Las propuestas oficiales tímidas y en algunos aspectos poco fundamentados, combinadas con la resistencia de los opositores —sean los demás partidos o los sindicatos— están creando un ambiente tóxico para el esfuerzo de sanear las finanzas políticas.
El plan del Gobierno para reducir el déficit cuenta con varios méritos, incluso propone hacer varios recortes en los gastos del sector público.
Sin embargo, los montos propuestos son todavía pequeños, mientras el Plan Fiscal deja sin definición varias áreas financieras importantes, sobre todo las exoneraciones.
Aun con las propuestas modestas, el plan enfrenta una férrea oposición, por un lado de otros partidos políticos y el sector productivo, que insisten en una contención adecuada de los gastos, y por otro de los sindicatos, que siguen con la idea de que se puedan sanear las finanzas sin afectar sus privilegios, solo con una reducción en la evasión y exoneraciones.
Mientras tanto, la combinación del déficit del 6% del valor de la producción nacional, y el nivel de endeudamiento del 50%, es una amenaza latente para la economía nacional.
El plan del Gobierno para reducir el déficit cuenta con varios méritos, incluso propone hacer algunos recortes importantes del sector público.
Entre los aspectos positivos, está el de reducir las anualidades, eliminar los superávits del Gobierno central, y contener las pensiones de lujo.
Por otro lado, el recorte obtenido por esta medidas sería de unos $150 millones, o sea ¢83 mil millones, lo cual es tan solo el 0,03% del déficit.
Entretanto, el Plan Fiscal deja sin definición varias áreas financieras importantes, sobre todo las exoneraciones, que representan el 6% del valor de la producción nacional, de acuerdo con el Gobierno.
Sin embargo, un tercio de ellas sería intocable, por referirse a la canasta básica, mientras buena parte del resto tiene que ver con las zonas francas, así como varios insumos productivos, ninguno de los cuales se podría tocar sin una afectación importante a la economía.
La parte de los nuevos impuestos, así como la del control de la evasión, también generan incertidumbre.
En lo que a los tributos se refiere, no se sabe si el impuesto de valor agregado sería del 13% o del 15%.
El tema de la evasión, por su parte, se complica por la insistencia de parte del Gobierno en crear un registro de los dueños de las empresas
No obstante, los sectores tanto privado como político, rechazan un mecanismo, que afectaría la competitividad o las aspiraciones electorales, si hubiera fugas de información empresarial, o cacería de brujas para fines políticos, de parte de la Administración Tributaria.
Aun con las propuestas modestas, el Plan Fiscal enfrenta una férrea oposición, por un lado de otros partidos políticos y el sector productivo, y por otro de los sindicatos.
Se trata de la insistencia en primer lugar en recortar gastos de forma seria, de acuerdo con la alianza opositora, conformada por Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana, entre otros partidos, así como con la Uccaep y otras cámaras.
Por otro lado, los sindicatos se niegan a que se toquen sus privilegios, mientras siguen con la idea de que se puedan sanear las finanzas sin afectar sus privilegios, solo con una reducción en la evasión y exoneraciones.
Otros aspectos del plan incluyen el aumento en la renta salarial, el cobro a las sociedades anónimas, y la duplicación del impuesto del traspaso de los bienes inmuebles y vehículos usados, así como la renta mundial.
Mientras tanto, la combinación del déficit del 6,2% del valor de la producción nacional, estimado en $52 mil millones este año, y el nivel de endeudamiento del 45%, es una amenaza latente para la economía nacional.
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