Costa Rica vive un frenesí tributario desde que el Gobierno presentó una propuesta de ajustes internos sesgados hacia el aumento de la carta de impuestos para obtener un crédito adicional de $1.750 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para financiarse a raíz de la caída en sus ingresos por el impacto del COVID-19. Si bien el Gobierno anunció que no pretende cargar a las empresas de zonas francas con impuestos para convencer al organismo financiero internacional, algunos sectores políticos tienen en la mira a las transnacionales que exportan desde Costa Rica para que paguen impuestos sobre sus ganancias, por el dinamismo que conservan pese al impacto de la pandemia. Pero en caso de irse por esa ruta, el país más bien perdería, de acuerdo con el criterio de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde).
Eric Sharf, presidente de la Junta Directiva de la Coalición enumeró múltiples razones, fundamentadas en criterios técnicos y en cifras, por las que Costa Rica debería abandonar cualquier intención de poner a tributar a las empresas transnacionales.
La primera es que el país no percibiría ni un colón de impuestos en caso de poner a las firmas de zonas francas a tributar. Sharf explicó que cada empresa instalada bajo ese régimen firmó un contrato con el Gobierno para obtener beneficios fiscales a cambio de ciertos resultados, por lo que ese pacto no podrían modificarlo unilateralmente ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo, a no ser de que el país esté dispuesto a pagarles a las empresas daños y perjuicios por el incumplimiento de lo acordado. “Si hoy la Asamblea Legislativa aprobara gravar al régimen de zonas francas con cualquier impuesto, pequeñito, grande, temporal, gradual, lo que sea, estaríamos incumpliendo los contratos que firmamos y, por lo tanto, las empresas de zonas francas que están hoy en día con estos beneficios no van a pagar impuestos y no vamos a generar un ingreso fiscal por esa vía a corto plazo”, razonó Sharf. Y si el país decidiera modificar las reglas del juego para las zonas francas a futuro, Cinde tampoco ve ningún beneficio en materia de recaudación de impuestos. Al contrario, la Coalición cree que en ese escenario Costa Rica dilapidaría el buen nombre que ha construido entre los inversionistas gracias a su decisión de resguardar la seguridad jurídica y, consecuentemente, espantaría a las firmas transnacionales que tienen al territorio nacional en su lista de posibles destinos.
Los incentivos fiscales son un mecanismo que el país utiliza para compensar las carencias que tiene en otros ámbitos que lo hacen menos competitivo en la lucha mundial por la atracción de la Inversión Extranjera Directa (IED). Al no ser Costa Rica un país barato, ni atractivo en materia de costos de producción, por el elevado precio de la electricidad y del gasto en tiempo y dinero que genera la amplia tramitología, entre otros aspectos negativos a la hora de hacer negocios, estaría sacrificando mucho en caso de empezar a cobrar tributos a las firmas multinacionales. “Hay países que son más baratos que nosotros. Entonces, si ya hoy en día no somos competitivos a nivel de costos, imagínese lo que sucedería con impuestos. Nuestro mayor atractivo para la atracción de IED sin duda sigue siendo nuestro gran talento humano. La IED viene al país por lo codiciado que es ese factor, no porque somos un país barato”, Según un estudio que publicó en el 2018 el Ministerio de Hacienda, del total de los ¢474.489 millones de exenciones que el país aplicó en el pago del impuesto sobre las utilidades a las personas jurídicas, las mayores beneficiadas fueron las que estaban en el régimen de zonas francas, con más de ¢349.000 millones de ese total, el equivalente a más de un 1% del producto interno bruto (PIB).
Un golpe al empleo
Eric Sharf también echó por tierra el mito de que hay que gravar a las transnacionales porque, de por sí, ya muchas de ellas pagan impuestos en sus países de origen que trabajan bajo el esquema tributario de renta mundial. Quienes opinan así, según el abogado, desconocen la realidad de las empresas que trabajan en las zonas francas del país pues muchas de ellas son centros de costos, es decir, que sus operaciones acá no generan utilidades a sus casas matrices y, por lo tanto, no pagan renta en sus países de origen.
Estos son algunos de los datos que genera el régimen de zonas francas, el más dinámico de la economía costarricense:
Fuente: Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde).
Pero tampoco habría un beneficio en caso de cobrarles renta a las transnacionales que sí
generan utilidades en el país porque, típicamente, esas empresas reinvierten sus ganancias aquí mismo para crecer, con lo cual generan más empleo. “El 7o% de la IED que recibe Costa rica es por reinversiones. Es decir, son empresas de zonas francas que ya están establecidas aquí, sí generan utilidades y están tan contentas de operar en Costa Rica que lo que hacen con esas utilidades es reinvertirlas acá, no enviarlas afuera para que los socios se repartan dividendos. “Las reinversiones generan un 82% del empleo del régimen de zonas francas ¿Qué pasaría si graváramos esas utilidades? Que esa reinversión se perdería”, recalcó Sharf.
A la luz de los números Cinde considera que este, por apremiante que sea económicamente para el país, no es el momento para gravar al régimen de zonas francas.
Datos de Cinde indican que por cada $1 que el país le exonera a las empresas del régimen de zonas francas tiene un retorno de $2,5. Los aportes totales al país de las firmas que gozan de esos beneficios ascendieron a un 7,9% del PIB en el 2019.
¿Qué hace la competencia?
La Coalición le ha dado seguimiento a los caminos que han elegido los países con los que Costa Rica compite por la atracción de inversión extranjera, aún más escasa en medio de la
pandemia. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, por sus siglas en inglés) la disminución en la IED este año y el próximo estaría entre un -30% y un -40%, sobre todo en los países a los que el coronavirus impacte con mayor fuerza.
Eric Sharf comentó que Panamá, por ejemplo, decidió moverse rápido y en abril de este año decidió aprobar una nueva ley con mayores incentivos fiscales para intentar atraer mayor fuerza.
Eric Sharf comentó que Panamá, por ejemplo, decidió moverse rápido y en abril de este año decidió aprobar una nueva ley con mayores incentivos fiscales para intentar atraer mayor inversión en el sector de manufactura. Lo mismo han hecho Chile, Colombia y otros países del vecindario.
Más allá, en el círculo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE),al que Costa Rica está próxima a ingresar, este año, de sus 37 miembros, 21 tienen exoneraciones temporales de impuestos para las empresas transnacionales.
En el ámbito de lo que Costa Rica no debe hacer también hay ejemplos cercanos. Sharf destacó
que hace algunos años Puerto Rico decidió eliminar sus exenciones fiscales para las
multinacionales.
El golpe inmediato que sufrió esa economía fue la pérdida de un 40% de los empleos que producía el sector de manufactura.
A Guatemala le sucedió algo más drástico todavía: “Cambió su régimen de exoneraciones en el 2016 para eliminar de la lista a ciertas industrias y el efecto de esa decisión fue que 125 empresas se fueron del país“, comentó el jerarca de la Directiva de Cinde.
Un caso de éxito de un país que decidió poner a tributar a las multinacionales sin que estas se le escaparan es Irlanda. Sin embargo, Sharf subrayó que el ejemplo de esa nación europea no le serviría a Costa Rica.
La isla impuso un tributo flat sobre la renta de las empresas transnacionales. No obstante, lo compensó con la creación de fondos multimillonarios que se destinaron a la capacitación de talento humano, para Investigación y Desarrollo (I+D) y en una serie de beneficios que compensaron los impuestos.
“Eso sin mencionar los beneficios que ya la Unión Europea como tal también le confiere a las multinacionales que invierten en el continente. Costa Rica no podría hacer eso porque carece de los recursos para compensar al mismo nivel de Irlanda“, concluyó Sharf.
No rotundo de cámaras empresariales
Para Laura Bonilla, presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), está claro
que habría más perjuicios que beneficios para el país en caso de decantarse por un gravamen
sobre las empresas de zonas francas para que el Gobierno Central aumente sus ingresos.
La empresaria también citó entre sus argumentos para oponerse a la idea de cobrar impuestos a las multinacionales la agresiva estrategia de los países vecinos que compiten por la IED.
“Lejos de agravar a nuestras zonas francas y correr el riesgo de que se vayan las empresas a otros países, debemos ser todavía más cuidadosos con esa inversión, y ser mucho más competitivos para retener esas empresas y ojalá atraer nuevas que generen más empleo y más transferencia de conocimiento.
“Los proponentes de gravar las zonas francas no se dan cuenta de que estas empresas tienen
utilidades muy bajas, pues la mayoría trabajan para sus casas matrices, teniendo márgenes
locales mínimos”, consideró.
Bonilla recordó que existen empresas agroexportadoras instaladas en zonas francas que son
motores generadores de empleo en las zonas rurales de Costa Rica, donde el empleo escasea.
Laura Bonilla, presidenta de Cadexco. (Foto: CRH)
“Eliminar esas exoneraciones implicaría que los productos agrícolas costarricenses serán más
caros en un mercado internacional que compite por centavos”, zanjó.
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep)
consideró como contraproducente presionar con la amenaza de impuestos a las empresas
instaladas en zonas francas.
“La evolución de las empresas en zona franca ha sido muy relevante para Costa Rica pues ahora
generan mucho valor agregado y diversificación en las exportaciones. Otro factor es que son
compañías más inclusivas ya que el 42% del empleo directo que generan es en mujeres, que es
el sector más golpeado por el desempleo hoy debido a la pandemia”, afirmó José Álvaro Jenkins,
presidente de Uccaep.
Fuente: CRHOY